Juntemos un virus hasta ahora desconocido, un desplome en los precios del petróleo y el gobierno con menores capacidades de gestión de los últimos 30 años y tendremos los ingredientes necesarios para la tormenta perfecta. Más allá de los terribles efectos que en materia de salud podría tener la expansión descontrolada del COVID-19 en nuestro país, no podemos olvidar que también tendrá importantes consecuencias económicas.
Cierto es que ningún gobierno pudo haber previsto la repentina irrupción del Coronavirus o la guerra petrolera desatada -a causa de este- entre Arabia Saudita y Rusia. Sin embargo, todo gobierno y el mexicano no es la excepción, sí es responsable de la buena o mala gestión de su economía, de lo que dependerá su capacidad para hacer frente con éxito a este tipo de situaciones. Al tenor de lo anterior, existe un consenso generalizado en el sentido de que México entrará en recesión. La pregunta que se hacen los especialistas gira en torno a cuál habrá de ser su tamaño. Por ejemplo, para Bank of America, la contracción de la economía mexicana, para 2020, se estima en un 4.5%, le sigue Credit Suisse con un 4%, Citibanamex con 2.6%, Barclays con 2%, JP Morgan con 0.4% y Goldman Sachs con 0.1%. Por el lado optimista, la OCDE y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) son los únicos organismos que proyectan un crecimiento económico por el orden de 0.7% y 0.5%, respectivamente. Frente a este escenario, el Gobierno de la República parece rebasado por la vertiginosidad de los acontecimientos, sin apenas acciones para mitigar los problemas económicos que se vienen. Por el contrario, el presidente se encuentra obstinado en creer que proyectos como el tren maya, el aeropuerto de santa lucía o la refinería de dos bocas, también se convertirán en salvadores de la economía mexicana. Para su mala fortuna, la mayor parte de los especialistas señalan lo contrario. Lo trágico de esta situación, es que quienes más resentirán las secuelas de una crisis económica serán los sectores más vulnerables y aquí será poco lo que una pensión, un programa de aprendices u otro para sembrar árboles, puedan lograr para mejorar su calidad de vida. El problema, de nueva cuenta, es que el presidente López Obrador no ha realizado el trabajo que le corresponde. El ejemplo más reciente de la indolencia gubernamental lo acabamos de vivir en la ciudad de Mexicali, en donde se organizó una consulta para determinar la apertura de una empresa que, presumiblemente, contaba con los permisos necesarios para su operación. Se trata de un primer ejercicio en el que se somete el Estado de Derecho al capricho de la muchedumbre. Pero también, constituye un pésimo precedente para la generación de inversiones. Lo he repetido ya en muchas ocasiones: sin inversión no hay empleo y sin empleo no puede haber el tan pregonado bienestar. Un presidente en campaña, preocupado y ocupado por las próximas elecciones es lo que menos necesitamos ante un escenario como el que se vive. Ante la emergencia del COVID-19, el presidente va desnudo y exhibiendo sus miserias.
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September 2020
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